Parece que el Ministerio de Medio Ambiente (y Medio Rural y Marino, no se nos olvide) va a emitir una Declaración de Impacto Ambiental negativa contra la ampliación del puerto de Tarifa, un proyecto en una de las áreas costeras más importantes de toda Andalucía. Es el primer guiño medioambiental de cierto calado de la ministra Aguilar desde su nombramiento, y por supuesto que es para alegrarse. Pero no es menos cierto que hay proyectos tanto o más dañinos encima de la mesa y que si se defendiera realmente el interés general deberían desecharse de inmediato por razones medioambientales, pero también de eficiencia económica.

Me estoy refiriendo concretamente al puerto industrial de Granadilla de Abona, en la costa sureste de Tenerife, un macroproyecto totalmente absurdo que el Gobierno de Canarias pretende construir caiga quien caiga. En una costa azotada por el viento, sin abrigos naturales, a tiro de piedra del puerto de Santa Cruz, y en un área medioambientalmente protegida por las praderas submarinas de seba (Cymodocea nodosa), una planta que hasta anteayer estaba protegida por la propia legislación canaria.

Granadilla fue uno de esos goles que le colaron a Narbona en su paso por el Ministerio. Yo fui testigo de la encerrona que le hicieron sus compañeros de partido en Tenerife exigiéndole luz verde para el proyecto. Fue en el Parque Nacional del Teide con motivo de un Consejo de Parques Nacionales. Mientras los representantes ecologistas estábamos defendiendo las competencias ministeriales frente al acoso al que algunas comunidades autónomas estaban sometiendo al sistema de Parques Nacionales (una pelea que ganaron ellos en el Constitucional), en una habitación contigua el PSOE canario sometía a la Ministra a tercer grado. De eso nos enteramos después, claro. Yo aproveché aquel viaje para visitar la zona en compañía de gente de la plataforma contra el puerto y comprobar in situ la destrucción ya provocada por la construcción del polígono industrial en uno de los últimos hábitats de una de las aves más amenazadas de Tenerife, la terrera. Finalmente el Ministerio hizo como Salomón; permitió el puerto pero reduciendo sus dimensiones a la mitad.

Aún así el daño medioambiental será enorme, así que el movimiento ecologista acudió a los tribunales y ha tenido paralizado el proyecto mucho tiempo gracias a que varias especies afectadas estaban incluidas en el Catálogo Canario de Especies Protegidas. El penúltimo capítulo de esta historia ha sido la pirueta de Coalición Canaria aprobando por Ley un nuevo Catálogo que elimina a las especies conflictivas para este y otros proyectos. Y lo hace por Ley -algo inaudito para una norma técnica de estas características- para evitarse engorrosos recursos ecologistas y someter al Tribunal que tantas pegas les ha venido poniendo.

Y aquí es donde el Ministerio no ha jugado el papel que debería. Primero recurriendo el Catálogo Canario al Tribunal Constitucional por invasión de competencias y pidiendo su suspension cautelar. Existen contundentes informes jurídicos de SEO/BirdLife y de Ecologistas en Acción al respecto que avisan de la clara inconstitucionalidad de esa Ley. Segundo protegiendo a nivel nacional las especies que Coalición Canaria ha desprotegido a nivel autonómico. La ocasión existía clarísimamente porque precisamente el Catálogo nacional se ha estado revisando y acaba de publicarse. A pesar de la petición formal de las ONG y varios científicos canarios de reconocido prestigio, el Ministerio no ha querido mojarse y ha dejado desprotegidas a todas esas especies, y en particular a la seba canaria.

¿Por qué teniéndolo a tiro no han rematado un proyecto con una gran contestacion social y criticado de forma unánime por los científicos del archipiélago? Mucho me temo que el motivo sea la existencia de los dos diputados de Coalición Canaria en el Congreso. El Gobierno de Zapatero se encuentra en un estado de debilidad tan grande que no puede permitirse incomodar lo más mínimo a Coalición Canaria y poner en riesgo esos dos votos. Sin duda esto nos reafirma en la necesidad imperiosa de que exista una fuerza política en el Parlamento que defienda prioritariamente el medio ambiente aunque sea minoritaria. Para eso (entre otras cosas) estamos montando Equo.