La contaminación en Madrid en noviembre de 2017. Foto de Pilar González, periodista de EfeVerde publicada en Twitter (@Trespil)

Después de año y medio de titubeos y siete años de las primeras denuncias de la Comisión Europea, la Comunidad de Madrid saca por fin esta semana de noviembre de 2017 un protocolo para episodios de alta contaminación por NO2. Al final, después de toneladas de demagogia y cuñadismo, hablado y escrito, contra las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Madrid, han adoptado los mismos umbrales de Preaviso, Aviso y Alerta, lo cual sin duda es de agradecer, después del expolio que montó la señora Esperanza Aguirre el año pasado en Navidad y sus patéticas fotos en medio de la Gran Vía. Aunque no estaría de más que los medios de comunicación le preguntaran a Cifuentes que, entonces ¿a qué venía tanto jaleo?

Pero lo que ciertamente hay que denunciar es que las medidas que incluyen los diferentes escenarios aprobados por la Comunidad son tremendamente insuficientes, y no van a conseguir atajar el grave problema sanitario al que nos enfrentamos con los actuales niveles de contaminación de la región de Madrid. Niveles que no son exclusivos de la ciudad de Madrid, sino que se extienden por toda la corona metropolitana y están llegando a afectar las provincias limítrofes de Toledo y Guadalajara. Porque el protocolo que tanto esfuerzo le ha costado aprobar a la presidenta Cifuentes es sólo una colección de sugerencias y recomendaciones a particulares y empresas que tendrán pocos o nulos efectos reales, y además se establecen tarde, cuando los niveles de contaminación ya son galopantes. Las únicas limitaciones de tráfico que se recogen, las de velocidad en circunvalaciones y vías rápidas, son muy poco relevantes y no van a conseguir reducciones apreciables del NO2 -originado en un 75% por los vehículos-.

El Partido Popular de la señora Cifuentes parece que sigue sin comprender que la lucha contra la contaminación es urgente, y que estos protocolos deben ser medidas de emergencia, cuando los niveles se disparan por encima de lo tolerable según la OMS, y como tales, medidas ejecutivas que puedan atajar el episodio cuanto antes. Si ya estamos viendo que el protocolo del Ayuntamiento de Madrid, que critican desde el PP una y otra vez por ser muy restrictivo para los coches, es insuficiente cuando las condiciones meteorológicas son desfavorables, hasta el punto que Inés Sabanés ya ha planteado su revisión en el primer trimestre de 2019 para hacerlo aún más restrictivo, imagínense para qué va a servir este protocolo. Para muestra un botón. En Escenario 3 -tras cinco días por encima de los niveles de la OMS- recomiendan poner la temperatura  de las calefacciones a 21ºC. Y en Escenario 4 recomendarán a las empresas que favorezcan el teletrabajo y los planes de movilidad. Es decir, ¿con el aire completamente irrespirable van a pedirnos por favor lo que deberían estar pidiendo todos los días para cumplir los objetivos de lucha contra el cambio climático? ¿Todavía no se dan cuenta que eso deberían ser recomendaciones permanentes en la región metropolitana?

Lo más relevante del protocolo de Cifuentes, aparte de su esperada existencia, es la petición a los 14 grandes ayuntamientos de la región, de más de 75.000 habitantes, de planes municipales de lucha contra la contaminación. Mandato que ya existía derivado de la Ley estatal de Calidad del Aire 3/2007 (hace diez años ya) para las ciudades de más de 100.000 habitantes. Pero a mi juicio se necesitan dos cosas para que esto tenga efecto: una ley autonómica de movilidad sostenible, como ya la tienen Cataluña y Valencia y la está elaborando Andalucía, que enmarque y oriente este mandato genérico, y que la Comunidad ayude a los municipios de la corona metropolitana a elaborar e implementar esos planes de movilidad y lucha contra la contaminación. Ayuda técnica y económica. Pero nada de eso se vislumbra ni en el protocolo, ni en los Presupuestos para 2018 (que ahora se están debatiendo en la Asamblea), ni en el famoso Plan Azul Plus del gobierno autonómico que ya he criticado otras veces en este blog.

¿Pero acaso hay algo que se pueda hacer desde la Comunidad, aparte de la mencionada Ley de Movilidad Sostenible? Claro que sí. De hecho, y como medida de presión a Cifuentes , esta misma semana defendí una Proposición No de Ley en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea de Madrid con una serie de medidas a adoptar por el Gobierno de la Comunidad. Con cierto éxito, dado que al final aprobaron el protocolo, aunque haya sido tan descafeinado. La PNL fue aprobada por mayoría, por supuesto con el voto en contra del PP, y en ella venimos a proponer lo siguiente:

1. Establecer medidas coordinadas para el fomento, refuerzo y bonificación del transporte público, a través del Consorcio Regional de Transportes. En concreto, la creación de un título de transporte de precio reducido específico para episodios de alta contaminación;  la coordinación de los avisos e información a la población en todos los medios de transporte colectivo dependientes del Consorcio, incluidos interurbanos y pantallas informativas de Metro;  y la planificación del aumento de capacidad del transporte público en los distintos escenarios, incluso planteando la utilización de lanzaderas especiales entre aparcamientos disuasorios, intercambiadores de transporte y grandes centros de actividad.
2. Poner en marcha planes de movilidad municipales para todos los ayuntamientos con más de 50.000 habitantes y para las empresas de más de 200 trabajadores. Estos planes deben contemplar en episodios de alta contaminación restricciones a los aparcamientos gratuitos de empresas y administraciones públicas, de manera ejemplar en los que dependan de ayuntamientos, Comunidad de Madrid y Ministerios. Puede por ejemplo limitarse solo para empleados con movilidad reducida, coche de uso compartido o de bajas emisiones (ECO o CERO), etc. Paralelamente se deben ofrecer plazas gratuitas en los aparcamientos disuasorios situados en la corona metropolitana.
3. Mejora sustancial de la Red de 23 estaciones de medición de la Comunidad de Madrid, sea directamente o mediante acuerdos con los ayuntamientos. La Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid deja sin estaciones de medición a varios municipios de gran tamaño y algunos de los ejes de acceso a la capital. Existen de hecho cuatro municipios de más de 75.000 habitantes en la Comunidad de Madrid que no tienen ni una sola estación medidora, y cuya instalación sería particularmente urgente: Parla, Las Rozas, San Sebastián de los Reyes y Pozuelo de Alarcón. Asimismo, las actuales Zonas 5, 6 y 7 solo tienen una estación cada una, cuando afectan a corredores de transporte tan importantes como la A1, M-501 y A3 respectivamente.
4. Respecto a la zonificación de la Comunidad de Madrid, a efectos de calidad del aire, frente a la actual división por sectores, debería basarse en anillos concéntricos, siguiendo el modelo de las zonas A, B1, B2, del abono de transportes, lo que permitiría eventualmente facilitar la integración de las medidas de restricción de tráfico con posibles medidas de bonificación y refuerzo del transporte público.Del mismo modo permitiría actuar sobre los flujos de tráfico de manera centrípeta, a través de limitaciones de velocidad consecutivas en la M-30, M-40, M-45 y M-50. Así, en el momento que se establezcan limitaciones en la ciudad de Madrid, automáticamente se deberían activar los protocolos municipales del anillo adyacente, y consecutivamente del resto de anillos si las medidas no atajan el episodio; y la Comunidad de Madrid debería actuar de inmediato sobre las distintas circunvalaciones exteriores y las carreteras interiores a éstas.
5. En todo caso, y puesto que solo hay una atmósfera, debería existir una única “mesa de calidad del aire” para toda la Comunidad de Madrid que contara con la representación de todos los municipios con una población mayor de 75.000 habitantes, sin perjuicio de la representación de la Federación Madrileña de Municipios, que sería la que debería fijar umbrales y actuaciones homogéneas (que no necesariamente uniformes) para toda la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta de forma unificada todas las estaciones de medición disponibles, sean de titularidad autonómica o municipal.

Y todo ello sin abandonar la mejora continua de nuestras redes de transporte público y el fomento de los modos menos contaminantes como la bicicleta. Menos pedir dinero al Estado para la duplicación de autopistas que solo agravarán el problema, y más para el transporte colectivo de alta capacidad (Cercanías) y la implementación de carriles de alta ocupación Bus-VAO en todas las grandes vías de acceso a la capital.

En definitiva, lo que debería hacer un gobierno responsable de la Comunidad de Madrid es ponerse a trabajar en coordinación con los ayuntamientos y el Ministerio de Fomento, aparcar la demagogia y la confrontación política de baja estofa en un tema tan serio que afecta directamente a nuestra salud, y solucionar de verdad este problema. Tener posiciones políticas distintas no significa tener que practicar el «cuanto mejor peor» y «caiga quien caiga», porque los afectados serán siempre los ciudadanos más débiles y desfavorecidos.