Situación de los 34 parques eólicos a información pública en el sureste de la Comunidad en el primer semestre de 2021 (ver tabla).

Artículo publicado en Público.es el 3 de agosto de 2o21

Sin duda es urgente la transición energética para poder hacer frente al cambio climático, y ello pasa por el fomento drástico de las energías renovables. Sin embargo, el modo en el que se están presentando decenas de proyectos en toda España ha encendido las alarmas de las organizaciones sociales y políticas, y ha puesto en pie de guerra a algunos municipios que sienten cómo las empresas promotoras de centrales de energía fotovoltaica pretenden llenar de paneles solares buena parte de su territorio.

La verdad es que la historia se repite. Ya en los años noventa, con el boom de la energía eólica en nuestro país, determinadas zonas, particularmente de la España más despoblada, se llenaron de molinos sin orden ni concierto, con graves perjuicios para el paisaje y la biodiversidad. Finalmente, la presión social de plataformas locales y algunas ONG, consiguieron el endurecimiento de los criterios ambientales, y algunas Comunidades Autónomas optaron incluso por hacer trabajos de zonificación y ordenación territorial, para que determinadas áreas más sensibles no fueran ocupadas.

Durante la tramitación de la recién aprobada Ley de Cambio Climático y Transición Energética nuestro grupo parlamentario de Más País – Verdes EQUO consiguió la modificación del artículo 21, introduciendo la necesidad de una zonificación territorial que garantice que los proyectos de energías renovables no produzcan un impacto severo sobre la biodiversidad y otros valores naturales. Lamentablemente, frente al texto original de nuestra enmienda, la obligación queda clara para el Ministerio, pero está muy desdibujado el papel de las Comunidades Autónomas, que son las auténticas garantes de la conservación del territorio y el paisaje, a las cuales se pide genéricamente que velen porque los proyectos se sitúen en lugares con menor impacto.

En cualquier caso, la propuesta legislativa ya llega tarde, como estamos comprobando en los últimos meses en la Comunidad de Madrid. En 2021 se han presentado al menos 34 proyectos en 21 municipios del sureste de la Comunidad (ver tabla). Estos proyectos sumarían más de 2.500 MW, una cantidad espectacular para Madrid, que prácticamente carece de centrales de generación renovable en la actualidad, y que tenía como objetivo en 2020 llegar a tan sólo 100 MW de producción de electricidad solar fotovoltaica. El problema surge por la ocupación de más de 5.500 hectáreas de superficie agraria útil que en algunos casos supone ocupar hasta el 30 % del municipio correspondiente, como ocurre con Santorcaz, en el límite con la provincia de Guadalajara, o en otros municipios fundamentalmente agrarios como Nuevo Baztán (18%), Anchuelo (15%), etc.  (ver mapa).

La gran cantidad de proyectos presentados no solo pone en riesgo la integridad territorial de estos pequeños municipios rurales y los valores naturales que comportan, sino al propio sistema eléctrico que no está preparado para esta avalancha. Por otra parte que municipios sin tradición industrial vean tanta superficie ocupada por paneles fotovoltaicos, contra toda lógica de planificación urbanística, mientras la instalación solar sobre edificios sigue siendo una rareza en el país del Sol.

Por todo ello es imperativo que el Ministerio y las Comunidades Autónomas emprendan de manera urgente un ejercicio de ordenación territorial que permita preservar por supuesto los grandes valores de biodiversidad del país, pero también el suelo agrario fértil y el paisaje. España es un país muy grande, donde debería ser posible compatibilizar sin grandes problemas la implantación de energías renovables como la fotovoltaica en suelo con la agricultura y la conservación de la biodiversidad. No olvidemos que en nuestras latitudes es precisamente la biodiversidad ligada a los agrosistemas la que se encuentra más amenazada en la actualidad, a causa precisamente de los bruscos cambios de uso del suelo y la intensificación.

Por otra parte, no es aceptable la ocupación de más del 10% de la superficie de un municipio con paneles solares, más aún si lejos de utilizar suelos urbanos, industriales o baldíos se pretenden instalar en terrenos agrarios productivos en este momento. Lógicamente la producción agraria no puede competir económicamente con la producción de energía, pero entonces deben ser las administraciones las que impidan este cambio tan radical de uso del territorio.

Entretanto, ya están surgiendo manifiestos y plataformas exigiendo esta planificación a las administraciones, por parte de entidades tan variadas como la Alianza Energía y Territorio (Aliente) que agrupa más de 140 asociaciones, en su mayor parte de ámbito local, SEO/BirdLife que ha elaborado en colaboración con el CSIC un decálogo para la planificación responsable de las energías renovables, o el propio partido Verdes EQUO. La propia Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha realizado una guía de buenas prácticas para la compatibilización ambiental de las instalaciones, demostrando la preocupación existente en el propio sector por la alarma social que está generando la proliferación de proyectos.

En todo caso no es lógico que sean los pequeños municipios rurales en exclusiva los que soporten los costes de la transición energética, mientras las ciudades no hacen ningún esfuerzo por implantar las renovables en el medio urbano e industrial. Es fundamental avanzar mucho más deprisa en el fomento del autoconsumo y la eficiencia energética en las ciudades,

reduciendo el consumo y acercando la producción. La transición energética también tiene que ser justa con los territorios.

De otra forma, nos encontraremos, como ya está ocurriendo, con la oposición de una parte de la población local afectada pidiendo moratorias y arrojando dudas sobre la sostenibilidad de las renovables como ya ocurrió en el pasado con los parques eólicos. Una situación completamente indeseable en plena emergencia climática, cuando lo que se necesita es precisamente una implantación rápida y masiva de la energía solar en nuestro país. Rápida, pero ordenada. La administración ambiental de las Comunidades Autónomas tiene los suficientes criterios como para realizar esta tarea en poco tiempo.

Aspecto de los campos donde se prevé la instalación de una central fotovoltaica en el municipio de Anchuelo (al fondo se pueden apreciar las torres de Chamartín y el monte Gurugú sobre Alcalá de Henares).

Otra zona del municipio de Anchuelo donde se ha solicitado la instalación de una central fotovoltaica. Se distingue el ferrocarril del AVE a Barcelona que partiría en dos esta central.