Hoy es uno de esos días en las que uno se va a la cama contento de haber elegido un camino, en este caso el de representar la sensibilidad ecologista (o al menos intentarlo) en la Asamblea de Madrid como miembro de EQUO en el Grupo Parlamentario de Podemos. Tremendamente satisfecho de haber traido a la Asamblea de Madrid como primera proposición de Ley en esta legislatura, junto a los otros grupos de la oposición, PSOE y Ciudadanos, la derogación de una ley tan simbólica como la Ley 5/2012 de Viviendas Rurales Sostenibles de la Comunidad de Madrid. Me parece tremendamente simbólico de una legislatura nueva en la que el cambio se deja sentir en Ayuntamientos y también en la Asamblea de Madrid.
Con la derogación de la Ley Virus se inicia el desmantelamiento de un modelo urbanístico, el del Partido Popular, basado en la especulación y el favoritismo, el modelo santificado por las sucesivas leyes del suelo de la Comunidad de Madrid durante los veinte años de gobierno del Partido Popular, y en particular por la ley 9/2001, la conocida como del “todo urbanizable”. Un modelo agotado por el estallido de la burbuja inmobiliaria en la que durante años descansaron las esperanzas desarrollistas del gobierno del PP madrileño y que desembocó en la gigantesca crisis de la construcción y del ladrillo en nuestra región, con todo su acompañamiento de desempleo y cierre de empresas.
Parece que algo se mueve en 2015 y la propia Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio ha puesto en marcha de oficio un proceso de revisión de la Ley del Suelo. Revisión necesaria para desmantelar el entramado tejido durante todos estos años por los gobiernos de Aguirre y González para poder urbanizar hasta el último metro cuadrado disponible. Porque el “todo urbanizable” no era suficiente para satisfacer las ansias constructoras de algunos amigos del Partido Popular, propietarios de fincas rurales o forestales y por lo tanto protegidas en principio de las ansias urbanizadoras.
De ahí nace la peregrina idea de la Ley de Viviendas Rurales «Sostenibles», apodada como Ley Virus por el movimiento ecologista por su efecto pernicioso sobre el patrimonio natural. Una vuelta de tuerca más en el modelo de especulación urbanística implantado por el Partido Popular en los últimos 20 años. Esta Ley permitía la construcción de viviendas de 900 m2 en fincas rústicas de más de 6 hectáreas, lo que en la práctica suponía permitir la construcción de grandes chalés en los espacios naturales más valiosos de la Comunidad de Madrid. El propietario estaba exento de realizar cesiones al ayuntamiento (zonas verdes, aprovechamiento urbanístico, etc.) y el proyecto se podía autorizar con una simple licencia municipal, eludiendo cualquier control sobre los valores naturales, paisajísticos, ecológicos, culturales, etc. del terreno por parte de la propia Comunidad de Madrid. Porque, hay que decirlo, en este caso, los enemigos de los amigos de Aguirre y González eran los propios servicios de protección ambiental de la Comunidad y en especial los agentes forestales, tan molestos ellos, con su manía de denunciar actividades tan sostenibles como campos de golf, organización de bodas y festejos, pabellones de caza, hoteles rurales en zonas protegidas, etc. etc.
Como ejemplo valgan las 15 licencias solicitadas al amparo de esta ley en el Monte del Pilar de Pozuelo de Alarcón, un espacio forestal de más de 800 hectáreas situado entre Majadahonda y Pozuelo, cuya protección y dominio público viene siendo reclamado por los vecinos desde hace años. Más de 40.000 firmas se recogieron por parte de la asociación Ciudadanos por el Monte en la plataforma Change.org contra esta ley.
No han sido los únicos ni mucho menos, muchas asociaciones ecologistas, vecinales y científicas, de arquitectos y urbanistas, y hasta de ingenieros de montes, se opusieron a esta ley tan injusta y perniciosa. Gracias además a estas asociaciones hemos ido conociendo algunos de los posibles beneficiarios de esta ley, y curiosamente uno de ellos es alguien del que se ha hablado bastante esta semana, el señor exdiputado José Cabrera Orellana, dimitido por no querer publicar su patrimonio y que parece que construyó una casa en su finca de Carabaña, al lado de la de su vecino Rodrigo Rato, arrasando por cierto con buena parte de la ribera del río Tajuña. Una casualidad como otra cualquiera, de las tantas que han venido ocurriendo en los gobiernos del PP de Madrid.
Hoy estamos todos muy contentos por derogar esta Ley, incluso el «nuevo» grupo parlamentario del PP capitaneado por Cristina Cifuentes, que ha votado a favor de la toma en consideración de esta derogación, paso previo a la discusión del tema en Comisión y su derogación definitiva. Pero la Ley Virus es sólo uno de tantos ejemplos de esas modificaciones a la carta de la Ley del Suelo que solo venían a favorecer la especulación y el beneficio económico de una minoría de propietarios de fincas. La tarea no se acaba aquí, hay muchas otras disposiciones injustas y perniciosas para la naturaleza que hay que levantar.
Concretamente, el gobierno de Ignacio González aprobó a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas o ley de acompañamiento de diciembre de 2012 una serie de reformas que permiten explotar económicamente espacios que hasta el momento estaban vedados. En total, aquella «ley escoba» cambió cinco preceptos. El primero de ellos, la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza, autorizando «excepcionalmente» la cesión y ocupación de parcelas en los 216 montes públicos catalogados (como el Monte Abantos, las dehesas de Cercedilla o el Robledillo de Moralzarzal) por períodos de hasta 75 años para cualquier uso que se pueda considerar «compatible con las funciones de utilidad pública del monte». El criterio es tan amplio que incluye la explotación maderera y de pastos, la recogida de setas, la creación de itinerarios recreativos, zonas de acampada y aparcamientos o «cualquier otro tipo de infraestructura recreativa de uso público». En la legislatura anterior se llegó a introducir como uso tolerable en la Ley del Suelo la práctica del golf, lo que dio vía libre para contruir un campo de golf en la finca de investigación agropecuaria El Encín, en Alcalá de Henares. En 2013, el Tribunal Supremo declaró el recinto ilegal, aunque sigue en funcionamiento. Luego, la Comunidad promovió un espacio recreativo y hotelero de hípica en la Dehesa de Sotomayor en Aranjuez, incluida en la Red Natura 2000.
Se entró de lleno en los parques regionales de la Cuenca Alta del Manzanares, del río Guadarrama y del Sureste, tres de los espacios con mayor valor ambiental del territorio. Merced a la modificación de sus respectivas leyes, se permite la conversión en alojamientos de las edificaciones tradicionales y también de aquellas que tengan algún valor arquitectónico, aun cuando estén fuera del ordenamiento urbanístico. Y también «las obras de ampliación indispensables para las condiciones de habitabilidad». Los dueños, por lo tanto, pueden incluir habitaciones o salas adicionales de nueva construcción. Se redactó de nuevo el apartado 17.2 de la ley del parque del Manzanares para permitir instalaciones en una de las zonas donde estaba prohibido. Ello suponía regularizar de facto la carpa que la socia de la mujer del expresidente autonómico González, Carmen Cafranga, usa para celebrar bodas, bautizos, comuniones y reuniones de empresa en la finca La Muñoza. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid paralizó el negocio de Cafranga por estar al margen de la normativa, pero ahora ya no puede ponerle pegas. Cafranga ya había salido beneficiada en 2012, cuando la Comunidad introdujo como uso tolerable en los parques regionales la organización de eventos. De un golpe, el gobierno regional legalizó la actividad de 39 fincas similares denunciadas reiteradamente por la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración y la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid.
En fin, el Gobierno de la Comunidad también cambió por el mismo método la Ley de Vías Pecuarias para que los particulares puedan ocupar parcialmente estas sendas por un máximo de 10 años. A cambio, el beneficiario deberá pagar las tasas correspondientes. Los chalés «sostenibles» de la Ley Virus no son más que la parte más descarada de unos cambios que no benefician a la población rural, sino a los propietarios de grandes fincas. Si a ello se suma que el Gobierno anterior eliminó las juntas rectoras de los parques regionales y los patronatos de los espacios protegidos, los consejos de Caza y de Pesca Fluvial, el Consejo del Fuego, el Patronato de Vías Pecuarias y la Comisión de Calidad del Aire y que se dejó sin competencias a los responsables de los parques regionales, tenemos el panorama completo de desregulación y desprotección acometida durante las legislaturas anteriores y que habrá que intentar ir restaurando en esta con la colaboración de los colectivos sociales preocupados por estos temas. Afortunadamente, la composición de la Asamblea de Madrid permite ir consiguiendo hitos en este empeño.
En definitiva la Ley Virus era un gravísimo atentado ambiental contra el patrimonio de todos los madrileños y madrileñas, y su derogación me llena de contento y satisfacción, pero soy muy consciente de que queda mucho trabajo por hacer para situar el patrimonio natural de la Comunidad de Madrid en los niveles de protección ambiental que su riqueza y singularidad se merecen.
Un momento de la intervención durante la defensa de la derogación de la Ley Virus
