Artículo publicado con Eduardo Gutiérrez en Dominio Público el 4/06/2017

Desde la apertura de la Operación Lezo y la encarcelación del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, mucha gente parece haberse caído de un guindo. De repente caen en la cuenta de que el Canal de Isabel II y las operaciones societarias realizadas en Latinoamérica a su sombra eran la cueva donde anidaba una de las mayores tramas de corrupción asociadas al Partido Popular de Madrid, comparable a la organizada por Francisco Granados.

Sin embargo, los indicios y las voces advirtiendo de esta situación eran muy abundantes, aunque buena parte de los poderes políticos y mediáticos se dedicaran a mirar hacia otro lado. De hecho, ya en 2009 la Asociación Parque Sí En Chamberí denunció al expresidente González, entonces vicepresidente de Esperanza Aguirre y presidente del Canal, por tráfico de influencias por las evidentes arbitrariedades cometidas alrededor del proyecto de campo de golf en los terrenos del ente público en Chamberí en beneficio de su hermano y su cuñado. El fiscal jefe Moix fue el encargado de que la denuncia vecinal no prosperase.

El PP de Madrid en esa época parecía imparable, y así pusieron en marcha una operación para privatizar el Canal, empezando por la creación de una Sociedad Anónima cuyas participaciones pudieran venderse al mejor postor. Aquellos planes se frustraron en parte, tanto por razones económicas, como por la enorme movilización ciudadana generada en contra de la operación, pero la creación de la S.A. generó una estructura mercantil, dedicada a generar beneficios con las cuotas de los abonados al Canal, en esencia un mercado cautivo de 6 millones de personas que tienen que beber, lavar y cocinar todos los días. Este nuevo objetivo del Canal, generar beneficios, cuantos más mejor, para después repartirlos entre la administración autonómica y algunos ayuntamientos y así aliviar sus deudas o pagar cualesquiera fastos y derroches, fue acompañado de una estructura de gobernanza alejada de los focos de la Asamblea de Madrid, de los trabajadores del Canal y de la propia ciudadanía madrileña, que pasó a ser una mera clientela. El Canal quedaba en manos de un puñado de consejeros, todos altos dignatarios del PP, que hacían y deshacían a su antojo.

Por eso el modelo de Sociedad Anónima ya era una mala idea en origen, y el saqueo premeditado realizado por la trama de los González-Sobrino lo demuestra claramente. El ente público Canal de Isabel II generó durante 150 años unas infraestructuras y unos servicios de excelencia en su objetivo de gestionar de forma sostenible el ciclo del agua que le convirtieron en la joya de la corona de la Comunidad de Madrid. No había ninguna necesidad de generar una nueva estructura mercantil asociada a ese servicio, más que la obtención de beneficios rápidos para repartir entre comisionistas y políticos corruptos, dentro y fuera de nuestro país.

En consecuencia, hemos presentado, junto con el PSOE, una propuesta de Ley de reversión del carácter mercantil del Canal, para recuperar los objetivos y valores que le convirtieron en el buque insignia del patrimonio público de Madrid. Una propuesta de Ley que además tiene el mérito de haber sido elaborada en gran medida por la Plataforma contra la Privatización del CYII, a la que nuestros partidos pertenecen, con la colaboración de muchos expertos en la materia, y que además recoge el contenido de las mociones aprobadas en los plenos municipales de más de 35 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, que representan a una población de más de 5 millones de personas.

Esta propuesta, está inspirada en el Acuerdo por la Gestión Pública del Agua firmado en enero de 2015 por 24 entidades sociales y políticas y su contenido en síntesis, es el siguiente:

• Paralización definitiva del proceso de privatización del CYII, eliminando la Ley que lo permite (Artículo 16 de la Ley 3/2008)
• Disolución de la sociedad anónima Canal Gestión, integrando su personal, activos y pasivos en la entidad pública Canal de Isabel II.
• Establecimiento de las bases de un nuevo modelo de gestión público, transparente, democrático, con rendición de cuentas, sostenible, sin ánimo de lucro, participativo, respetuoso con las competencias municipales y con los criterios que definen el abastecimiento de agua potable y el saneamiento como derechos humanos.
• Revisión de los convenios suscritos al amparo de la Ley 3/2008 para adecuarlos al nuevo modelo de gestión

El objetivo de esta Ley es por lo tanto restablecer un modelo de gestión que evite las disfunciones, arbitrariedades y malas prácticas constatadas en los 5 años de funcionamiento de Canal Gestión S.A. (opacidad, ánimo de lucro, impunidad, utilización de sus activos para fines privados, etc.). Un modelo que ha facilitado las actuaciones irregulares y las tramas de corrupción que hoy están aflorando a través de las actuaciones judiciales y los trabajos de las distintas comisiones de la Asamblea de Madrid.

Sin embargo, el Gobierno del PP apoyado por sus fieles socios de Ciudadanos –en un primer momento favorables a nuestras propuestas, expresadas en distintas iniciativas a lo largo de la legislatura-, ya se han manifestado en contra de este proyecto de devolución del Canal a la ciudadanía madrileña, y alternativamente plantean un mero lavado de cara de la Sociedad Anónima existente, garantizando que sus acciones no puedan pasar a manos privadas.

Esta “solución” es claramente insuficiente, puesto que el sistema de generación de beneficios a través de las facturas de los ciudadanos ha comportado una clara disminución de las inversiones y amortizaciones, junto a la drástica reducción de los costes de personal. Recortó salarios y derechos a los trabajadores existentes y a los nuevos contratados les pagaba incluso por debajo del convenio sectorial estatal. Mientras, los beneficios se reparten en forma de dividendos por el porcentaje máximo que permite la ley, en lugar de favorecer la inversión en una mejor gestión del ciclo del agua y la reducción de los más de 1.000 millones de deuda del Canal. ¿Cómo es posible que una sociedad con una deuda milmillonaria reparta dividendos?

Lo más surrealista es que el PP nos acusa de querer derrochar el dinero de los madrileños por cerrar su chiringuito societario y devolver al Canal sus objetivos originales. En realidad, nuestro proyecto implica la simplificación de las estructuras asociadas al Canal, puesto que el ente público sigue existiendo al lado de la Sociedad Anónima como depositario de las infraestructuras y terrenos de su propiedad. Esta simplificación, subrogando todos los activos y pasivos, así como el personal de la Sociedad Anónima en el ente público, del mismo modo a como se constituyó la S.A., comportaría un evidente ahorro de costes de estructura y funcionamiento, y vendría acompañada de una reestructuración de la gobernanza del Canal, dando entrada en la misma a los representantes de los trabajadores, los ayuntamientos y la sociedad civil.

Esta es la forma en la que de verdad blindaríamos el carácter de servicio público del Canal de Isabel II, y no solamente su propiedad nominal, así que nunca más pueda producirse un saqueo como el que se ha producido a costa de nuestras facturas de agua.

Video de la intervención para la toma en consideración de la proposición de Ley de Ciudadanos para «la garantía del carácter público del Canal».