Imagen del nido de buitre negro del valle del Lozoya donde SEO/BirdLife tiene instalada una webcam para su seguimiento
El pasado 21 de junio, la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad la Proposición No de Ley (PNL) que defendí para la conservación de las especies necrófagas en la Comunidad de Madrid.
Esta PNL consta de dos puntos básicos. El primero insta al Gobierno regional a regular, en el plazo de seis meses, la alimentación de determinadas especies de fauna silvestre con subproductos animales no destinados a consumo humano, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1632/2011, de forma que se pueda autorizar el suministro de carroñas a las aves necrófagas, garantizando su conservación, facilitando a los ganaderos madrileños una fórmula de gestión más económica de los animales muertos, y reduciendo el riesgo de ataques del buitre leonado al ganado por falta de alimento.
Y el segundo insta al Ministerio de Sanidad a estudiar la prohibición del uso veterinario del diclofenaco y el flunixin en España, debido al gran riesgo que suponen para las poblaciones de aves necrófagas, principalmente de buitres y águilas, y a establecer a la mayor prontitud un procedimiento reglado que permita evaluar el impacto de los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos de uso veterinario en la fauna carroñera.
Madrid es una región importante para la conservación de las aves rapaces, especialmente por su población reproductora de buitre negro y de águila imperial, dos de las especies más amenazadas de nuestra fauna. Según los censos de SEO/BirdLife en la Comunidad de Madrid existían en 2006, 89 parejas reproductoras de buitre negro, aunque ese año solo tuvieron éxito 39, siendo la quinta provincia española con una población más abundante de esta especie. Las dos colonias más importantes de la especie se encuentran en el Alto Lozoya con 77 parejas y en la ZEPA de los encinares del río Cofio en el entorno de Valdemaqueda con 11 parejas. Por su parte el águila imperial cuenta con 55 parejas en la región, según datos de la Consejería de Medio Ambiente, una de las poblaciones más importantes de España.
En cuanto al buitre leonado, especie algo denostada últimamente porque se le atribuyen una serie de ataques al ganado, contaba según el censo de SEO/BirdLife realizado en 2008, con 20 colonias en Madrid, totalizando unas 450 parejas, el 2% del total de toda España. Aunque parezca una población muy abundante, sólo la colonia del Parque Natural de las Hoces del Duratón, en Segovia, tiene más parejas que toda la Comunidad de Madrid. Las colonias más importantes de nuestra región están en la Pedriza de Manzanares (más de 90 parejas), la Puebla de la Sierra y San Martín de Valdeiglesias.
Además Madrid cuenta con una población estable de 17 parejas de águila real, otra de las especies que se beneficiarían claramente de esta medida.
Las especies necrófagas son grandes aliadas de los ganaderos, al eliminar del medio los cadáveres de animales muertos tanto domésticos como silvestres, evitando la propagación de enfermedades y el tratamiento e incineración de miles de toneladas de restos animales cada año. De esta manera, no solo se ahorran millones de euros en gestión de residuos sino que además se evita la emisión de cientos de miles de toneladas de CO2 anuales, en beneficio de todos.
Desde que existe la ganadería, los muladares –lugares tradicionales de deposición de los restos de animales domésticos muertos- y los cadáveres de ganado abandonados en el campo han jugado un papel fundamental en el mantenimiento de estas poblaciones de aves. Sin embargo, la aparición del «mal de las vacas locas», las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EET) generó una alarma social en Europa que llevó a la adopción de medidas drásticas que comportaron que todos los subproductos animales, salvo ciertas excepciones muy concretas, tuvieran que ser recogidos, trasportados y transformados o eliminados en instalaciones especiales oficialmente autorizadas y supervisadas.
Esta nueva situación supuso a partir de 2002 un grave problema de conservación para la población de especies necrófagas del continente. Sin embargo, la Unión Europea suavizó, mediante sendos reglamentos 1069/2009 y 142/2011, los requisitos para el suministro de determinados subproductos animales a aves necrófagas y otras especies con problemas de conservación, contemplando la posibilidad de establecer alternativas a los muladares tradicionales. Sin embargo, dicha alimentación debe ser expresamente autorizada por las comunidades autónomas. Estos reglamentos disponen que se podrá autorizar el uso de material de la categoría 1, consistente en cuerpos enteros o partes de animales muertos que contengan material especificado de riesgo para la alimentación, en muladares o comederos de animales pertenecientes a especies en peligro o protegidas de aves necrófagas y otras especies que vivan en su hábitat natural, en aras del fomento de la biodiversidad; y fuera de comederos, si procede, sin la previa recogida de los animales muertos.
En España estas disposiciones de desarrollaron a través del Real Decreto 1632/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la alimentación de determinadas especies de fauna silvestre con subproductos animales no destinados a consumo humano. En virtud de este Real Decreto, las comunidades autónomas deben delimitar las zonas de protección para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario (espacios Natura 2000, territorios con planes de recuperación y conservación aprobados por las CCAA y otras áreas prioritarias). Estas zonas de protección deben definirse en base a los datos disponibles sobre distribución histórica, zonas de cría, áreas de campeo y capacidad de desplazamiento de las especies consideradas, y a la existencia en estas zonas de explotaciones ganaderas en régimen extensivo.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid, como en tantas otras cuestiones concernientes a la biodiversidad y el medio ambiente, no ha aprobado aún esta normativa y por lo tanto no ha establecido un sistema de autorizaciones que permitan una mayor disponibilidad de alimento a los buitres y un menor gasto económico a los ganaderos madrileños. Esta mejor disponibilidad puede también contribuir significativamente a reducir el riesgo de ataques del buitre leonado al ganado doméstico, una conducta excepcional que ha sido denunciada en situaciones de grave escasez de alimento.
Por otra parte, las aves necrófagas están sometidas a otra gran amenaza. En 2013, se ha autorizado en España el uso veterinario del diclofenaco que se ha demostrado científicamente que provocó en pocos años la casi extinción de los buitres en la India y Nepal. El prohibir el diclofenaco no tendrá efectos negativos significativos sobre la gestión sanitaria del ganado ni sobre la economía de los ganaderos, ya que hay otros antinflamatorios igualmente eficaces y con un coste similar que se han mostrado seguros para los buitres, como por ejemplo el meloxicam. De hecho, en varios países el diclofenaco ya está prohibido (por ejemplo, India, Paquistán, Nepal e Irán) y su prohibición ha sido recogida en la XI Conferencia de las Partes del Convenio de Especies Migratorias (CMS) o Convenio de Bonn. Además, más de 250 científicos y ornitólogos reunidos del 6 al 8 de diciembre de 2014 en Madrid durante el XXII Congreso Español de Ornitología elevaron una petición al Ministerio de Sanidad, la Agencia Europea del Medicamento y a la Comisión Europea para que prohíban el uso veterinario del diclofenaco en la UE.
Además, el Defensor del Pueblo en su informe anual correspondiente a 2016 formuló al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMS) sendas resoluciones solicitando la retirada de los medicamentos que contengan diclofenaco para uso veterinario.
En definitiva, esta PNL es un gran paso en la mejora del estado de conservación de algunas de nuestras especies más amenazadas, siempre que la Consejería que dirige el señor González Taboada se ponga manos a la obra y regule en el plazo establecido esta importante cuestión.
