Esperanza Aguirre inaugurando el CRAS en julio de 2010

El Centro de Rescate de Animales Silvestres (CRAS) de la Comunidad de Madrid, sito en la finca protegida de Soto de Viñuelas, al lado de Tres Cantos, vive en la polémica desde su creación. El remate ha sido la impartición de un curso de «control de predadores cinegéticos» mediante trampeo, organizado por la Federación Madrileña de Caza y la Asociación de Tramperos de España.

Que un centro oficial destinado a ser el hospital dedicado a recuperar los animales silvestres heridos entre otros por los cazadores, se destine a impartir cursos para eliminarlos mejor no deja de ser paradójico. Que dicho curso sea además organizado e impartido por entidades privadas que cobran la friolera de 200 euros por alumno me parece ciertamente irregular.

Por desgracia este centro tiene ya un historial de denuncias e irregularidades en su corta pero azarosa vida. Por esa razón el 17 de noviembre de 2016 la Asamblea de Madrid aprobó una Proposición No de Ley  con 81 votos a favor de la oposición y 47 votos en contra del Partido Popular, que resumidamente pedía que este centro se reconvirtiera a ser un centro de referencia CITES (Convenio Internacional para el Comercio de Especies Amenazadas) especializado en el cuidado de los animales decomisados por las fuerzas de seguridad, especialmente en Barajas, dejando a entidades sin ánimo de lucro, de gran trayectoria y merecido reconocimiento en nuestra región, la importante labor que altruistamente vienen realizando de rescate de animales autóctonos heridos, como son mayormente GREFA y Brinzal.

Para entender esto hay que entender que el CRAS es un centro de recuperación de animales que se construyó con las medidas compensatorias de la declaración de impacto ambiental de la T4 del Aeropuerto de Barajas. Fue costeado por AENA y costó la friolera de 5,2 millones de €, siguiendo la máxima de la época Aguirre-González de «no reparamos en gastos». 840 metros construidos en una finca de 5.000 m2, con edificio multiusos y dos hospitales para fauna autóctona y exótica. Merecería la pena en otro momento repasar el resultado de aquella DIA histótica de la T4 que obligaba además a adquisiciones de terrenos y repoblaciones.

Durante un tiempo se especuló si se podrían emplear las magnas instalaciones en hacer un centro de cría en cautividad del águila imperial. También se le preparó para recibir los millones de aves que supuestamente se iban a infectar con  la gripe aviar, para lo cual se le dotó con unas importantes instalaciones de incineración. ¿Por qué esas dudas? Pues porque en realidad ya existía en la Comunidad de Madrid un centro oficial de recuperación en Buitrago de Lozoya, y además un centro privado de gran prestigio como era y es el hospital de fauna del GREFA que por entonces tenía un convenio con la Comunidad por el que recibía una aportación económica anual para desarrollar parte de su trabajo.

Finalmente, alguien decide que este CRAS sustituya al centro de Buitrago, y como no podía ser de otra manera tratándose del PP, la gestión se externaliza y se adjudica tras un concurso multicriterio a una empresa extremeña (FOTEX) por cuatro años. Al acabar ese contrato, en 2014 se adjudica solo por precio (subasta) y aunque la empresa anterior, que ya tenía cuatro años de experiencia, presenta la oferta más barata, resulta rechazada por no acreditar el compromiso de medios materiales y personales, y se le concede a una nueva empresa: TRACANI, S.A. Una empresa especializada en la gestión y control de especies cinegéticas, pero sin experiencia ninguna en gestionar hospitales de animales. ¿Empiezan a ver la conexión con el curso de control de predadores?

Esa última adjudicación fue objeto de recurso ante el Tribunal Autonómico de Contratación Pública, que lo estimó y la suspendió. Pero finalmente pudo más el interés de la administración de que el contrato fuera para TRACANI, una empresa con cierta relación no bien aclarada con el propio Jefe de Área de Conservación de Flora y Fauna, José Lara Zabía, a su vez sobrino del ex-Consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía. José Lara ha sido señalado reiteradas veces, incluso en sede parlamentaria, como el mayor obstáculo para que la Comunidad de Madrid tenga una política de conservación de la naturaleza acorde a los tiempos que vivimos. Es también el máximo adalid de medidas tan polémicas como la caza con arco de jabalíes como método de control, o el proyecto de control masivo de cabra montés en la Pedriza paralizado por los tribunales. Como ven, el control de fauna parece ser una obsesión de la persona responsable de su conservación en la región.

Pero es que en dos años de diputado, he recibido múltiples llamadas y visitas denunciando la falta de profesionalidad de las actividades del CRAS de las cuales acompaño a este artículo algunas pruebas gráficas: animales desatendidos, sin comer, sin atención sanitaria o higiénica adecuada; animales muertos que permanecen durante días en las jaulas, instalaciones inadecuadas, como reptiles sin calefacción, tortugas en acuarios sin acondicionar y tan estrechos que no se pueden dar la vuelta; aves rapaces protegidas con el plumaje tremendamente deteriorado por su permanencia en malas instalaciones. Solo esto ya es motivo suficiente para cancelar este contrato, que además supuso en 2016 la friolera de 437.000 euros, más de un tercio de todo el presupuesto de flora y fauna de la región.

Y todo ello mientras existen unas ONGs que hacen buena parte del trabajo de recuperación de animales silvestres en nuestra región, como son GREFA, Brinzal y también Rainfer, estas dos últimas especializadas en rapaces nocturnas y primates respectivamente. Que lo hacen con nulo apoyo por parte de la administración autonómica, antes al contrario con el boicot permanente del señor José Lara. En 2015 el CRAS atendió a 4.794 animales, mientras GREFA a 5.922 y Brinzal a 1.519.

Quizás todo esto explique por qué un centro supuestamente dedicado al cuidado y rescate de animales silvestres se dedica a hacer cursos de control de fauna. Por ello he reclamado la suspensión de estos cursos de control de predadores y exijo el cumplimiento de la resolución aprobada por la Asamblea de Madrid lo antes posible.