Manuela Carmena, Inés Sabanés y Paz Valiente en la presentación del Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático de Madrid

El pasado mes de febrero España recibió un ultimátum de Bruselas para que mejore la calidad del aire, advirtiendo que Madrid y Barcelona superan los límites de contaminación permitidos, especialmente los del NO2.

No se trata de ninguna novedad, el procedimiento de infracción comenzó siendo alcaldesa la Señora Botella, pero el problema viene de más atrás. La vulneración sistemática de los límites se remonta a 2010, y ya fue denunciada ante Europa por EQUO en 2011. En mayo de 2015 fui llamado personalmente al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo para declarar sobre este tema.

El Ayuntamiento del Partido Popular no hizo prácticamente nada durante todos esos años para combatir esta lacra medioambiental, más allá de cambiar la posición de los medidores a ver si había suerte y bajaban los índices. Pero ¿y la Comunidad de Madrid?

La Comunidad «supuestamente» puso en marcha en 2013 un Plan Azul Plus que se prolongaría hasta 2020 dotado con «supuestamente» 81 millones para 53 medidas. 81 millones para 8 años de plan hacen 10 millones anuales. Poco dinero para resolver este problema tan grave. Aunque ojalá fuera así, porque en el proyecto de Presupuestos para 2017 a duras penas se identifican dos o tres medidas y un par de millones de euros para este tema.

Por no hacer, la Comunidad ni siquiera tiene una red de medidores de seguimiento de la contaminación digna de ese nombre. Frente a los 24 medidores del ayuntamiento de Madrid, la Comunidad solo dispone de 23 medidores para 178 municipios. Y municipios tan grandes como Parla, San Sebastián de los Reyes, Las Rozas o Pozuelo de Alarcón no tienen medidor.

Sin embargo el problema es muy grave, y no porque lo diga la Comisión Europea. Un estudio muy reciente del Instituto de Salud Carlos III calcula que en España mueren prematuramente más de 9.200 personas al año por la contaminación atmosferica, especialmente por el NO2 que emiten los coches. 6.000 de esas muertes son imputadas al NO2. Son 8 veces más muertes que las que se producen en accidentes de tráfico al año en toda España.

Entretanto el Consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, hace ya más de un año que prometió revisar y actualizar su famoso Plan Azul Plus, pero los presupuestos para 2017 son totalmente continuistas en esta materia, sin hacer ningún esfuerzo especial a pesar de la denuncia europea. Seguimos esperando que el Gobierno de Cristina Cifuentes se tome en serio la salud ambiental de l@s madrileñ@s.

De hecho da la impresión de que en la Consejería están más preocupados en hacer la oposición al Ayuntamiento de Madrid -haciendo seguidismo de las absurdas declaraciones de Esperanza Aguirre- que en llevar una política de cooperación con Madrid y los ayuntamientos de la corona metropolitana que sería urgente para combatir con eficacia esta amenaza a la salud pública.

Por el contrario, frente a la desidia del gobierno de Cifuentes, el Ayuntamiento de Madrid encabezado por Manuela Carmena ha presentado un plan hasta 2020, dotado para estos cuatro años con 544 millones de euros. El denominado Plan A cuenta con 30 medidas orientadas principalmente a conseguir una movilidad más sostenible, reforzando el papel del transporte público y promoviendo una renovación del parque móvil madrileño hacia modos menos contaminantes. Pero también a mejorar el urbanismo con más zonas peatonales y carriles bici y el fomento de la instalación de renovables, la biodiversidad (y con ello la resiliencia ante el fenómeno isla de calor que ya se deja sentir en muchos distritos de la capital) y la concienciación ciudadana.

544 millones para cuatro años hacen 136 millones al año. Frente a los 10 millones al año que «supuestamente» asigna Cifuentes a su Plan Azul, esa es la medida de la importancia del Gobierno de la Comunidad hacia nuestro medio ambiente y nuestra salud. Esa es la diferencia también entre un gobierno al que le preocupa la vida de la gente corriente, y otro que solo está pendiente del PIB y las inversiones extranjeras.