Una de las mejores fotos aéreas del incendio del vertedero de neumáticos de Seseña
Es difícil encontrar entre las últimas catástrofes ambientales un cúmulo de irresponsabilidades y negligencias mayor que en el caso del incendio del cementerio de neumáticos de Seseña. Tanto en la rotura de la balsa de Aznalcóllar (Doñana) como en el naufragio del Prestige hubo clarísimos indicios de negligencia administrativa y política, pero pocas veces una catástrofe ambiental de estas dimensiones ha sido anunciada tantas veces y desde tan diversas instancias, no solamente ecologistas. Sinceramente resulta incomprensible que un vertedero de estas dimensiones (12 hectáreas, 5 millones de neumáticos, entre 70 y 90.000 toneladas de material tóxico y altamente inflamable), declarado ilegal desde hace quince años, haya terminado sus días incendiado ante los ojos atónitos de los vecinos que tantas veces lo han denunciado.
Ahora asistimos al habitual peloteo entre responsables políticos de PP y PSOE, pero lo cierto es que durante la última legislatura las cuatro administraciones -las dos autonómicas, la municipal y el Ministerio -han estado gobernadas por el Partido Popular y han sido incapaces de ponerse de acuerdo para conjurar los elevados riesgos ambientales que suponía semejante acumulación descontrolada de neumáticos. Curiosamente, Ángel Garrido, Consejero de Presidencia y portavoz de la Comunidad de Madrid, ha lamentado la pasividad de los últimos 15 años y ha «puesto en valor el trabajo del Ejecutivo de Cristina Cifuentes» para dar solución al problema «desde el día uno». Como si las personas que han dirigido la Comunidad de Madrid hasta el año pasado fueran de otro partido.
La dantesca historia de la empresa senegalesa contratada a dedo para no hacer nada, las promesas de financiación y soluciones por parte de las comunidades autónomas y el desastroso resultante final justo cuando parecía haberse llegado un acuerdo definitivo para hacer desaparecer el vertedero, hacen necesaria una exhaustiva investigación de lo ocurrido a lo largo de la vida de este funesto depósito de ruedas, y no solamente de las causas del incendio. La corrupción no afecta solo a la economía y a la democracia, sino también a nuestra salud y al medio ambiente.
Asimismo, es preocupante la falta de diligencia en el seguimiento de los contaminantes emanados del incendio que han constituido una kilométrica nube tóxica, cargada de hidrocarburos aromáticos muy cancerígenos. Las partículas contaminantes pueden viajar cientos de kilómetros, pero lo más probable es que las localidades más afectadas, sean las más próximas: Valdemoro, Ciempozuelos, Aranjuez y por supuesto la propia Seseña. La salud de los ciudadanos no conoce fronteras y las comunidades autónomas y los ministerios competentes deberían tomar medidas inmediatas para vigilar estos parámetros.
En todo caso, el depósito de neumáticos de Seseña no es el único vertedero que «aparece» de forma ilegal y descontrolada en la Comunidad de Madrid. La cantidad de escombreras y vertederos ilegales es llamativa en todo el territorio, pero especialmente en el Sureste. Nos viene a la memoria la denominada laguna del aceite de Arganda, cuya restauración nos va a costar millones de euros, sin que las empresas responsables paguen por ello. Y bien reciente es el escándalo del vertedero ilegal adyacente a la Cañada Real y limítrofe a Rivas-Vaciamadrid cuya combustión requirió una intervención de urgencia de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid el verano pasado.
Como venimos denunciando desde la Asamblea, la política de residuos es una de las grandes ausentes en este estado de desidia ambiental en el que el PP ha sumido a la Comunidad de Madrid. La estrategia vigente 2006-2016 ha sido impotente para reducir la cantidad de residuos que van a parar a vertedero (aproximadamente el 70% de lo que echamos al cubo de la basura), provocando que estemos al borde del colapso de los vertederos «legales» de las mancomunidades y en puertas de una nueva denuncia europea por incumplimiento de la legislación comunitaria. Urge elaborar un nuevo plan de gestión de residuos que impida sucesos como los de estos vertederos ilegales, y ponga las bases hacia un horizonte de residuos cero en el que lo prioritario sea la reducción, la reutilización y el reciclaje de lo que desechamos en nuestras casas e industrias.
