Por Juantxo López de Uralde y Alejandro Sánchez (Coportavoz de EQUO Madrid y diputado en la Asamblea de Madrid)
Publicado en el blog «Malas Hierbas» del diario Publico.es
http://blogs.publico.es/malas-hierbas/2016/10/13/residuos-toxicos-incendios-y-fraude-ambiental/
Los residuos son un recurso; su transformación en materiales que pueden ser reaprovechados fomentan a su vez un uso responsable de los recursos naturales limitados del planeta. Sin embargo para algunos es un negocio muy lucrativo, que reporta grandes beneficios sacrificando la salud de las personas y de nuestro entorno.
Las irregularidades en la gestión de los residuos es algo conocido: trapicheos, venta de segunda mano, electrodomésticos que acaban en algún sitio de África. Pero lo ocurrido en Seseña y Chiloeches pone de manifiesto las graves deficiencias que en materia de medio ambiente y específicamente, de gestión de residuos tóxicos, siguen existiendo en España, y más concretamente en las Comunidades de Madrid y Castilla – La Mancha, donde la mafia en la gestión de residuos es más que evidente.
Gracias a las denuncias de los últimos meses tenemos indicios que demuestran que algunas empresas sin escrúpulos se deshacen de residuos peligrosos de alta toxicidad en instalaciones que no están, en absoluto, preparadas para ello. Hay evidencias de que en la planta Kuk de Chiloeches, por ejemplo, llevaban ya tiempo camuflando los residuos tóxicos en contenedores de obra que son llevados a plantas de tratamiento de escombros no preparadas para recibir residuos tóxicos, con el consiguiente riesgo de contaminación de los acuíferos subterráneos. Aquella planta, al igual que la de neumáticos de Seseña, se incendió misteriosamente, exponiendo a la población y al medio ambiente a un riesgo muy grave de contaminación.
Los incendios de plantas de reciclaje y almacenamiento de residuos empiezan a dejar de ser casos aislados. Este verano salieron ardiendo 3.000 m2 de una planta en Arganda, por no hablar de lo de Valdemoro-Seseña. Cuando nos queramos dar cuenta, estos casos aislados constituyen una nueva trama de corrupción y de negocio a costa de la ciudadanía; y una vez más las instituciones la han venido favoreciendo haciendo como que no pasaba nada.
Delinquir y cometer verdaderas tropelías en materia medioambiental es muy sencillo y lucrativo; sin riesgo alguno o, en el peor de los casos, con escasa pena o una multa insignificante. Pero se trata de delitos ambientales muy graves, contra la salud pública de las personas.
Ya no es posible mirar hacia otro lado. Exigimos la investigación inmediata y en profundidad de estas denuncias y por supuesto sanciones que deben ser ejemplarizantes. Jugar con la salud de las personas y del medioambiente no solo es barato, sino lucrativo. Ponerlo en evidencia y denunciarlo es el primer paso para evitar nuevas catástrofes.